Brasil flexibiliza las normas ambientales antes de la cumbre climática de la ONU

Los legisladores de Brasil aprobaron una medida para reparar el proceso burocrático de permisos del país, lo que provocó la ira de los ambientalistas que dijeron que la acción desmantela protecciones clave.

La medida, aprobada el miércoles por el Senado, introduce nuevas categorías que eximirían o facilitarían la obtención de licencias para algunos proyectos, y la autorregulación para otros considerados de bajo riesgo. Los opositores argumentan que los cambios representan enormes amenazas no solo para el clima, sino también para las personas.

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Brasil alberga casi el 60% de las selvas tropicales del mundo y su salud ambiental tiene importancia global. El informe del país sobre la preservación de sus vastos recursos naturales será un tema de debate mundial este otoño, cuando sea sede de la principal Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reunirá a delegados de 190 países.

Ambientalistas, la industria y el sector agrícola coinciden en que el sistema brasileño de licencias ambientales es obsoleto, legalmente complejo y difícil de aplicar, lo que provoca años de retrasos en la concesión de permisos. Sin embargo, cómo solucionarlo manteniendo las protecciones ambientales ha sido objeto de debate durante casi 21 años.

La medida, aprobada previamente por la Cámara Baja en 2021, ahora regresa a la cámara para una mayor revisión antes de ser enviada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que la convierta en ley.

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Las nuevas regulaciones buscan equilibrar la integridad ambiental sin obstaculizar el desarrollo económico, dijeron los legisladores.

La senadora Tereza Cristina, encargada de buscar consenso entre las partes interesadas, afirmó que la medida representa un avance significativo. Cristina, ministra de Agricultura del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó que la falta de un marco legal general había generado incertidumbre. Bolsonaro era ampliamente conocido por su escepticismo sobre el cambio climático.

Por ejemplo, señaló, el proceso de licencia ambiental para una central hidroeléctrica demora un promedio de 10 años, y el país cuenta con 27.000 regulaciones. En 2022, indicó, más de 5.000 proyectos —incluyendo carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, líneas de transmisión, oleoductos, gasoductos y cables de fibra óptica— se paralizaron por problemas de licencia.

“Esto es esencial para reducir la burocracia y agilizar la aprobación de proyectos, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente”, afirmó Cristina. Esta opinión fue compartida en una carta firmada por 89 entidades que representan a los sectores de la agroindustria, la minería, la alimentación, la infraestructura y la energía.

Pero también se escucharon palabras de advertencia.

“Identificamos varios puntos que, a nuestro entender desde el principio, representan un retroceso significativo, incluso un desmantelamiento del proceso de licenciamiento ambiental en Brasil”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, en una conferencia de prensa antes de la votación.

Los ambientalistas dicen que la medida deja desprotegidas las tierras indígenas, las unidades de conservación y las comunidades afrobrasileñas descendientes de quilombolas, pueblos esclavizados escapados, ya que se limitará la participación de las personas que salvaguardan los derechos de estas poblaciones.

La medida surge tras la noticia de que Brasil experimentó un fuerte aumento en la pérdida de bosque primario en 2024, impulsado principalmente por una de las peores temporadas de incendios jamás registradas, según datos publicados el miércoles por el Instituto de Recursos Mundiales. El país enfrentó su sequía más severa en 70 años, lo que, sumado a las altas temperaturas, permitió que los incendios se extendieran por extensas regiones.

Además de los incendios forestales, la organización indicó que gran parte de la pérdida de bosque primario se debió a la deforestación para el cultivo de soja y la ganadería. Brasil por sí solo representó el 42% de toda la pérdida de selva tropical primaria en los trópicos, según el grupo.

En una nota, la organización no gubernamental Instituto Socioambiental afirmó que el proyecto de ley pone en riesgo la integridad de 3.000 áreas protegidas y podría conducir a “uno de los mayores retrocesos ambientales de la historia reciente de Brasil”.