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María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia
El gremio de los gremios advirtió que la medida no corrige el déficit fiscal y rompe la seguridad jurídica, a la vez que desincentiva la inversión y la formalización
Tras la expedición del decreto 0572, con el que el Ministerio de Hacienda pretende adelantar la retención de la fuente de 2026 para este año, los gremios y sectores empresariales han alertado por las consecuencias de esta medida. Es por eso que Aliadas presentó un comunicado en el que le piden al Gobierno derogar la medida, tomando en cuenta que se rompe la seguridad jurídica y tampoco se soluciona el problema del déficit fiscal.
En la carta, el gremio liderado por María Claudia Lacouture calificó el decreto como una medida improvisada, y señaló que demuestra que se elaboró sin diálogo. Advierten además que el decreto pone en riesgo la estabilidad económica, el empleo de los colombianos.
“Esta decisión erosiona la liquidez de quienes más empleo formal crean y vulnera la seguridad jurídica necesaria para planificar inversiones. Modificar las reglas tributarias a mitad del año fiscal, deteriora el clima de inversión, especialmente en sectores estratégicos como energía, construcción, recursos naturales y servicios públicos”, advirtió el gremio en el comunicado.
Enfatizan en que la medida no corrige el déficit fiscal de fondo, tomando en cuenta que lo que hace es adelantar parte del recaudo de 2026, lo que va a derivar en futuros problemas de caja en los siguientes años, por lo que se ponen en juego temas como la seguridad jurídica, la inversión y la formalización. “Se oculta un problema estructural sin corregir su causa, afectando la sostenibilidad del país”, agregan en el comunicado.
“Desde Aliadas, el gremio de gremios, solicitamos con firmeza la derogación inmediata del Decreto 0572 y la apertura de un diálogo real con el sector productivo. Las decisiones fiscales deben construirse con responsabilidad, corresponsabilidad y visión de futuro”, concluye el pronunciamiento de Aliadas.
La iniciativa Todos por la Salud, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, también hizo advertencias, puntualmente alertan que la medida pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.
En una carta, esta agrupación señala que el nuevo esquema tributario representa una carga adicional con la que no contaban las empresas, y que se traduce en otra presión, que se suma a la crisis financiera del sector salud.
“La obligación de anticipar mayores recursos al Estado mediante retenciones y autorretenciones reduce aún más el flujo de caja disponible, ya de por sí afectado por la insuficiencia de la UPC para la operación diaria, la inversión en equipos y tecnologías, el pago a proveedores y el cumplimiento oportuno de salarios al talento humano en salud, donde reiteramos que los más afectados serán los pacientes y usuarios del sistema de salud y en general, toda la población colombiana quienes veremos comprometido el derecho fundamental a la salud”, señalaron en el comunicado.
Al igual que Aliadas, Todos por la Salud piden derogar el decreto, sobre todo porque en el corto plazo habrá impactos que empeorarán la fragilidad financiera del sistema, y que podría derivar en que se cierren más servicios, junto con la desatención de pacientes, que empeoraría el funcionamiento y atención a los usuarios.
“Esta no es una discusión meramente contable o tributaria: está en juego la garantía del derecho fundamental a la salud y, en última instancia, la vida de millones de colombianos”, concluye el comunicado.
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