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Extracción de gas natural, oro y otros metales preciosos, así como la generación de energía eléctrica, tendrán las tarifas de recaudo más altas
El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 0572, con el cual se busca que haya un aumento en la autorretención en la fuente en el año gravable 2025 para que se disminuya el anticipo que deben liquidar y pagar los contribuyentes en el año gravable 2026.
"Una lógica similar se verá en los años posteriores por lo que este decreto busca suavizar el recaudo tributario por completo del impuesto sobre la renta haciéndolo más predecible tanto para los contribuyentes como para la administración", se lee en el documento.
Las actividades que tendrán más autorretención en la fuente serán la extracción de gas natural, oro y otros metales preciosos, así como la extracción de hulla. Estas actividades, así como generación de energía eléctrica y producción de gas tendrán una tarifa de 4,5%, según el decreto.
Habrá otras actividades con el mismo porcentaje: captación, tratamiento y distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales; y recolección de desechos no peligrosos.
El sector de la construcción sigue en el listado de actividades con las tarifas más altas. Actividades como construcción de edificios residenciales, de carreteras y vías de ferrocarril, así como demolición y preparación del terreno, tendrá una autorretención de 3,5%.
El decreto consigna que los artículos que sustituyen y adicionan a través del nuevo reglamento entrarán en vigencia el próximo primero de junio.
También se señaló que la medida amplía la retención a varios sectores, lo cual, según el Ministerio de Hacienda, resulta favorable para la "equidad y la neutralidad del sistema tributario". El objetivo es eliminar "tratamientos dispares" entre contribuyentes con igual capacidad económica, independientemente de la fuente de ingreso, con lo cual se busca "reducir la evasión y mejorar el control fiscal".
Esta es una herramienta que el Gobierno tiene a la mano para incrementar el recaudo y así sanear las cuentas fiscales, que continúan desfinanciadas. Cabe recordar que el Presupuesto nacional aún presenta un déficit de aproximadamente $13 billones, tras el hundimiento de la ley de financiamiento que tenía como meta cubrir esa suma.
En ese contexto, el artículo 807, sobre el cálculo del anticipo, establece que los contribuyentes del impuesto de renta deberán pagar 75% del impuesto de renta y del complementario de patrimonio, como anticipo del impuesto correspondiente al año siguiente al gravable.
En caso de que se trate de un contribuyente que declare por primera vez, el porcentaje de anticipo será de 25% en el primer año, 50% en el segundo y 75% en los años posteriores.
Según información de La FM de RCN y cálculos de Fedesarrollo, esta medida busca generar un recaudo de $13,9 billones, lo que representa el 0,8% del PIB.
El Ministerio de Hacienda también dispuso que no se practicará retención en la fuente sobre pagos o abonos cuyo valor individual sea inferior a dos Unidades de Valor Tributario, UVT, por prestación de servicios.
En cuanto a las retenciones sobre pagos o abonos realizados por la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, incluyendo el café pergamino, no será obligatoria la retención en la fuente si el valor de la transacción no excede 70 UVT. En caso de que el monto supere dicha cifra, se aplicará una tarifa de retención de 1,5%.
María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, advirtió que el decreto podría traducirse en escasez futura, ya que, afectaría la liquidez de las empresas, que a su vez generan empleo.
La dirigente gremial calificó la medida como irresponsable, al considerar que compromete la capacidad financiera de múltiples compañías para cubrir necesidades fiscales inmediatas, sin abordar los problemas estructurales del Presupuesto. Según señaló, esta estrategia no soluciona el déficit a largo plazo, ya que en 2026 volverán a presentarse nuevos faltantes. Los sectores más impactados, según Lacouture, serían gas, oro, energía eléctrica, agua, residuos y construcción.
El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, calificó la medida como una “reforma tributaria encubierta” que se implementa a expensas del flujo de caja del sector privado. Según explicó, esta estrategia constituye una "bomba fiscal" para el próximo gobierno, porque reducirá los recursos disponibles y generará un nuevo desequilibrio en las finanzas públicas hacia 2026, año de cambio en la Presidencia.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, gremio del sector energético, advirtió que resulta inconveniente incrementar tarifas por decreto. Según él, esta medida podría afectar la competitividad y traducirse en un aumento en las tarifas que pagan los usuarios del servicio de energía eléctrica.
"Esto sucederá en cada una de las transacciones que realicen 270 sectores, arrancando por el sector manufacturero, agroindustrial, agropecuario, de construcción, servicios, financiero, entre otros. Lo que tenemos entonces es una gran sorpresa para todas las compañías de estos sectores que no tenían planificado y que no habían proyectado tener que pagar esos niveles de impuestos durante", afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Bruce Mac Master.
Mac Master reconoció que el Gobierno enfrenta una compleja situación en materia de finanzas públicas, pero atribuyó esta dificultad al crecimiento del gasto. Luego señaló que entre 2022 y 2024 el Presupuesto aumentó en 41 %, y que la deuda pública se encuentra en los niveles más altos de los últimos años, con excepción del periodo de la pandemia (2020).
A esto se suma, según afirmó, un ambiente de incertidumbre interna que provocó un aumento en las tasas de interés en los mercados internacionales.
Para el líder gremial, la solución no está en trasladar la carga al sector productivo ni en comprometer las finanzas de 2026. En su lugar, consideró que debe darse prioridad a un recorte del gasto público, ya que, este tipo de cambios en las reglas de juego "afectan la actividad económica y desincentivan la inversión".
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