MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El presidente Petro también señaló que habría una demanda al PGN; para los analistas, esta última medida podría congelar más de $300 billones
El Gobierno del presidente Gustavo Petro señaló que analiza la suspensión de la regla fiscal, medida importante para las finanzas públicas, ya que, limita el gasto y el endeudamiento en la política fiscal. Además pidió demandar el Presupuesto, para hacer ajustes adicionales en el erario.
La regla fiscal también se constituye como un instrumento para las calificadoras de riesgo, las cuales otorgan una calificación soberana, que a su vez, facilita o dificulta el acceso a la banca internacional.
Pese a este contexto, el Ejecutivo está evaluando la suspensión de la regla fiscal, lo que se haría a través de una cláusula de escape, la cual permite un mayor nivel de endeudamiento y tener un mayor déficit en el Presupuesto, pero solo en situaciones excepcionales.
Otro de los puntos que señaló el mandatario nacional fue su intención de demandar el Presupuesto General de la Nación de 2025, afirmando que este es inconstitucional, ya que, según él, “sigue beneficiando a los más privilegiados".
La medida es poco probable que se implemente, pero en caso de hacerse, podría generar la parálisis de la administración pública, incluyendo la suspensión del pago de salarios a funcionarios del Estado y el congelamiento en más de $300 billones del erario, según los cálculos del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana.
Cabe destacar que la regla fiscal establece dos límites, el primero es que la deuda no puede ser mayor a 70% del Producto Interno Bruto, PIB.
El segundo es que la diferencia entre ingresos y gastos, lo que se denomina déficit primario, no puede estar por encima de 0,8% del PIB para 2025. Con ello, se garantiza que haya un balance entre los ingresos y los gastos en la política fiscal.
Expertos señalaron que la suspensión de la regla fiscal no está vigente hasta la fecha, y que para efectuar esto se requeriría de un proceso en el Ejecutivo.
El primer paso es un concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. El segundo es su evaluación en el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Luego, la propuesta debería pasar por el consejo de ministros, y finalmente, la medida se formalizaría mediante un documento Conpes.
Lo anterior ya lo está adelantando el Gobierno, de hecho, el lunes 9 de junio se hará una reunión en el Confis. Aunque hasta la fecha no existe un documento oficial que señale de manera explícita que este será el rumbo que el Ejecutivo tomará para “sanear” las finanzas, el Confis ya tendría un documento en revisión.
La reunión será clave para definir el rumbo del Presupuesto, lo que a su vez implicaría un impacto directo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, que el Gobierno debe presentar en las próximas semanas.
Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, expresó que la suspensión de la regla fiscal no requiere pasar por el Congreso de la República, sino que sería una decisión que básicamente define entre el Gobierno y el Confis.
“Invocar la cláusula de escape podría implicar que se perciba una falta de voluntad de hacer un recorte fiscal. Habría una pérdida de confianza que implicaría mayores tasas de interés en los TES (Títulos de Tesorería), escenarios de tasas de TES hacia niveles de 13% a largo plazo, lo cual sería bastante negativo”, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones financieras, Anif, José Ignacio López.
El economista agregó que esta también podría ser una excusa para que las calificadoras, que ya tienen una perspectiva negativa, materialicen sus decisiones sobre la calificación de riesgo, y de esa manera se empeore dicha calificación.
“Esta podría ser una excusa para que las calificadoras, que ya tienen una perspectiva negativa, materialicen sus decisiones sobre la calificación de riesgo”.
“No existe ningún evento extraordinario que comprometa la estabilidad macroeconómica y que justifique la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal”.
“Si la medida de demanda al Presupuesto General se efectuara ahora, más de $300 billones quedarían congelados; pero este sería un escenario donde no hay hoja de ruta clara”.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, manifestó que no existe ningún evento extraordinario que comprometa la estabilidad macroeconómica y que, por lo tanto, justifique activar la cláusula de escape de la regla fiscal.
“Hacerlo enviaría una pésima señal a los mercados sobre el compromiso del Gobierno Nacional con la sostenibilidad del presupuesto público, y agravaría la situación al encarecer aún más el costo del endeudamiento. Ojalá el Gobierno actúe con responsabilidad y descarte esta mala decisión”, argumentó el economista.
Para el exdirector de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Lisandro Junco, la medida ya representa un preámbulo de lo que se avecina en el Mfmp. Junco afirmó que, tras esta declaración del Gobierno Nacional, el déficit fiscal podría incrementarse en el primer semestre de 2025 a más de 7%.
Sobre la petición de demandar el decreto del Presupuesto de 2025, los analistas señalan que esto tiene como objetivo incrementar el gasto a través de deuda pública, lo que resulta paradójico; debido a que, en caso de hacerse efectiva la medida, implicaría que el Gobierno estaría demandando un Presupuesto formulado por el ejecutivo y que él mismo avaló a través de un decreto.
El Presupuesto General de la Nación de 2025 fue aprobado por decreto, tras el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento que buscaba recaudar $12 billones, monto que aplazó del valor total.
Según el mandatario, el presupuesto actual beneficia a los sectores más privilegiados y no a los más vulnerables, por lo que considera que su destinación y contenido es inconstitucional.
Aunque es poco probable que se haga efectiva esta demanda, según el observatorio fiscal de la U. Javeriana, de ser admitida la querella y si la Corte Constitucional falla en ese sentido, se daría un escenario inédito.
“Si la medida de demanda al Presupuesto se efectuara ahora, más de $300 billones quedarían congelados. Pero no está calculada la duración de la medida, porque este sería un escenario nuevo y no hay hoja de ruta de cómo funcionaría el Estado”, afirmó Mauricio Salazar, director del observatorio.
Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto, dijo que el congelamiento por una posible demanda no tiene ningún fundamento. Para él, en pocas palabras, los cálculos anteriores “no tienen ni pies ni cabeza”.
Junio será un periodo clave para la política de presupuesto público, ya que, el Gobierno deberá presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y posterior a su publicación, Moody’s Ratings dará a conocer la calificación soberana de Colombia, así lo reveló Renzo Merino, vicepresidente y analista sénior de la calificadora.
Merino dijo que si no hay esfuerzos en la consolidación de las finanzas y en alcanzar objetivos de la regla fiscal, puede disminuir la confianza de los inversionistas, lo que “afectaría el crecimiento” y con ello podría haber una rebaja en la calificación.
El temblor se registró a las ocho de la mañana y ocho minutos, se sintió en la región central y oriental de Colombia en mayor medida
En 2013, Meta Petroleum pactó una tabla de precios. El inicial era de US$85 millones y tras diez años alcanzaba US$22,5 millones
Desde Colfecar le piden a la Dian que suspenda los términos de los documentos de transporte aduanero, para garantizar la continuidad de las operaciones de comercio exterior
