La triste historia de la manoseada regla fiscal

En la idiosincrasia colombiana hace carrera el estribillo de que las reglas son para romperlas cuando no se ajustan a la realidad o incomodan, se cae en el error ligero de que cuando los números o las metas no se alcanzan, simplemente se cambian los objetivos, el típico engaño de echarle la culpa a la báscula por el sobrepeso o culpar al mensajero por las malas noticias. Con lo que está sucediendo con la regla fiscal se confirma esa regla.

Fue creada con la Ley 1473 de 2011 para reducir la diferencia entre los ingresos de la Nación y sus gastos, bajo la premisa de que “el gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido”. Una premisa de carácter obligatorio que no es distinto a decir que el Gobierno solo puede gastar su ingreso estructural más un porcentaje del PIB definido por la ley.

Este modelo se ha visto afectado, desde hace más de un par de décadas, por el ciclo económico, las externalidades y la volatilidad de los precios, en particular de las materias primas. La norma adoptada por casi todos los países de la Ocde, no es muy clara cuando de mal manejo económico se trata, se escribió en un momento como si todos los gobernantes y ministros de Hacienda, desde 2014 para acá, fueran bien intencionados y probos en su tarea de manejo económico.

El órgano rector de esa norma es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que debe analizar el aumento o la disminución del déficit permitido por la regla fiscal. Decía la Ley 1473 que el déficit no podía ser mayor a 1% del PIB, pero poco a poco, desde 2019, la regla la empezaron a flexibilizar hasta volverla de caucho: los venezolanos, el covid, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, entre otros argumentos, hicieron que ahora no sea más una burla. Un país que no cumple lo que se propone, no es de fiar.

Las firmas calificadoras de riesgo, la banca multilateral y la banca comercial privada no ven con buenos ojos lo que está sucediendo, pues lo más probable es que al final de 2025, el déficit fiscal puede ser superior al registrado durante la pandemia que fue levemente superior a 7%. Ante el anuncio de volver a cambiar la regla fiscal, los mercados internacionales le pasaron la cuenta de cobro al país: bonos y moneda se desplomaron en medio de temores de los inversionistas de que se vaya a suspender el ancla fiscal que limita su capacidad de acumular deuda. Los bonos cayeron hasta 1,8 centavos por dólar y el peso cayó 1,2%, entre las mayores caídas en los mercados emergentes.

La crisis se puede asentar la segunda semana de junio cuando el comité fiscal anuncie un nuevo plan de presupuesto que va a afectar el funcionamiento del Estado y las obligaciones de inversión. Hay una inflexibilidad del gasto que se debe respetar y la eventual suspensión aumenta la preocupación del mercado en un país que ya enfrenta un creciente déficit presupuestario y una caída de los precios del petróleo.

La economía colombiana debe hacer un pacto fiscal entre todos los jugadores en lugar de amenazar con la suspensión de la regla que se traducirá en una rebaja de la calificación crediticia del país por parte de Moody’s, la única firma que mantiene la confianza en el país. Es un imperativo que el Gobierno Nacional dé a conocer el plan que tiene para no profundizar la crisis.