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La regla fiscal lleva 14 años en vigencia hasta 2025.
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La ley que limita la capacidad de deuda en el presupuesto público ya fue suspendida en 2020 por la pandemia y también tiene algunas puertas de escape
El Gobierno Nacional señaló que está analizando la suspensión de la regla fiscal. El lunes 9 de junio se celebraría una reunión en el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, con la finalidad de decidir el futuro de la ley que limita el endeudamiento y el gasto público.
Si bien los analistas expresaron que no existe ningún evento que comprometa la estabilidad macroeconómica, y por lo tanto, no se justificaría activar una cláusula de escape de la regla fiscal, y que dicha decisión podría enviar un mensaje negativo a las calificadoras de riesgo, esta no sería la primera vez que se suspende la regla fiscal, una norma que, desde su creación, ha contemplado diversas puertas y rutas de escape.
La ley establecía parámetros sencillos: el Gobierno debía mantener un balance entre sus gastos y sus ingresos, el cual no podría superar 1% del PIB a partir de 2022. Con la entrada en vigor de la regla, se diseñó un régimen de transición en el que el déficit permitido era de 2,3% hasta 2014 y de 1,9% hasta 2018.
No obstante, como lo señaló el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, desde el inicio esta ley permitía que ciertas partes fueran interpretadas de acuerdo con las circunstancias, lo cual abría la posibilidad de ampliar el déficit en función de las necesidades de cada gobierno.
Por ejemplo, la norma de 2011 estipulaba que el gasto estructural no podría superar el ingreso estructural en un monto que excediera la meta anual de balance estructural establecida. El ingreso estructural corresponde a lo que queda después de descontar los efectos del ciclo económico, los ingresos extraordinarios derivados de la actividad minero-energética y "otros efectos similares". Es precisamente esta última categoría, ambigua y sin definición legal clara, la que deja un espacio gris que permite interpretaciones a discreción de cada gobierno de turno.
Este no es un detalle menor, ya que, la regla fiscal se rige por los ingresos y gastos estructurales, lo cual equivale, en términos simples, a los ingresos fijos y gastos fijos de una persona con un salario mensual. Cabe señalar que estos datos corresponden a la ley vigente antes de la reforma de la regla fiscal en 2021.
Entre 2012 y 2018, el Gobierno evitó gastar a partir de ingresos ocasionales, es decir, aquellos que no hacían parte del ingreso estructural ni del ingreso corriente de la nación. Sin embargo, desde 2019 se incluyeron ingresos del Banco de la República como parte de los ingresos corrientes.
El observatorio javeriano manifestó que dichos ingresos no deberían considerarse estructurales. A pesar de ello, se incluyeron, lo que amplió el margen fiscal: al aumentar los ingresos corrientes, también aumentó la capacidad de gasto.
El observatorio también identificó un segundo eje que marcó la evolución de la regla fiscal. En marzo de 2019, durante el periodo de confinamiento por la pandemia del covid-19, el Gobierno solicitó al Comité Asesor de la Regla Fiscal autorización para ampliar el déficit más allá del límite permitido, con el argumento de atender a la población migrante proveniente de Venezuela.
El Comité accedió a la petición y aprobó un espacio fiscal adicional de 0,5% del PIB en 2019; 0,4% en 2020, 0,3% en 2021; 0,2% en 2022; y 0,1% en 2023. Posteriormente, ante la emergencia sanitaria, el Gobierno decidió suspender la regla fiscal hasta 2021, con el objetivo de aumentar el gasto público.
La normativa también contempló un nuevo régimen de transición que establecía metas para el balance primario neto estructural como porcentaje del PIB: -4,7% en 2022, -1,4% en 2023, -0,2% en 2024 y 0,5% en 2025.
Varios analistas señalaron que el Gobierno Petro ha incumplido las metas fiscales, y esta vez, según ellos, lo que pretende es aumentar la capacidad de gasto.
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