No son solo más preguntas, es poner el tema

Ahora no son solo una docena de preguntas sobre el régimen laboral colombiano, sino que se ampliaron a 16, cuatro más sobre el sistema de salud; todo un arsenal de cuestiones teledirigidas para mover las fibras políticas de cara a las elecciones del Congreso del próximo marzo y de la Presidencia en mayo.

El Senado ya sepultó el primer intento de pasar dicha consulta popular, pero con muy buen olfato, el Gobierno Nacional decidió reforzarlas y seguir poniendo dos temas neurálgicos para todos los electores.

Por intuición, es una manera muy audaz de mantener las bases populares inconformes con el régimen laboral y el servicio de salud; las cuatro nuevas cuestiones son en la misma línea de las 12 anteriores, preguntas-afirmaciones que no le dan salida a los electores; además, si la nueva consulta de 16 preguntas se convirtiera en realidad, la logística sería muy compleja, pues cada participante necesita más de 20 minutos para leer y señalar la respuesta, lo que convertiría la jornada en una odisea de nunca acabar, lo que atentaría en contra del primer objetivo, que es alcanzar el mínimo de votación.

La logística de una consulta popular de tal cantidad de preguntas es compleja y sus organizadores no han analizado dicha coyuntura, porque no les interesa visualizar el escenario, sino dar la pelea por esos temas ante los electores de marzo y mayo, mientras que la atomizada oposición es crucificada como enemigas de temas tan populares como que el día se termine a las 6 de la tarde y los medicamentos sean más baratos.

Políticamente, los creadores del carrusel de las consultas populares son bastante conocedores de la formación de temas ante la opinión pública y de la diáspora de presidenciables sin propuestas ante unos electores captados por los temas cruciales de la salud y el empleo.

Es inédito, en el actual panorama político, que esté cursando en el Congreso un proyecto de ley que reforma el régimen laboral, y mientras tanto, que esté andando una consulta popular que reforme el sistema de salud y de trabajo.

La oposición política debe darse cuenta de que no son solo unas preguntas para una consulta, que se trata de poner el tema de conversación ¿Quién puede estar en contra de lo siguiente?: Que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes; que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la Adres pague directamente a hospitales y clínicas; que se garantice un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto que haya un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y salarios justos; además de las cuestiones afirmativas sobre lo laboral.

Nuevamente, la pelota está en territorio de los congresistas, de los partidos políticos, quienes deberán argumentar sus posiciones en torno a una consulta popular que le costará a los colombianos casi $1 billón, entre costos visibles e invisibles, en un momento de estrechez presupuestal y de bajo recaudo de impuestos.

De momento, no se ve una oposición lo suficientemente coordinada para lograr arrebatarle el tema de preocupación de los colombianos al Gobierno que refuerza su posición con las bases electoras.