Inédita protesta promovida por el mismo Gobierno

¡El gobierno colombiano ha convocado un paro! Sí, la administración central del presidente, Gustavo Petro, está promoviendo un paro nacional de 48 horas con el que busca que el poder legislativo, el Congreso, le apruebe una consulta popular de 16 preguntas que quieren reformar los sistemas: laboral y de salud, sin pasar por el Senado y la Cámara, tal como dicta la Constitución, una suerte de golpe de Estado contra las dos instituciones vitales de la democracia.

Esa es la situación escuela, pero tras esa intención de sacar a cualquier precio la consulta popular, ya negada por el Congreso, está la verdadera motivación subyacente, que es mantener la base electoral de los grupos políticos en el poder unida bajo necesidades básicas insatisfechas, que el mismo Gobierno Nacional de turno debía ayudar a superar. Prestar un buen servicio de salud, o mejor al que existía, es menester de la administración central, al mismo tiempo que mejorar el régimen laboral bajo el epicentro de disminuir el desempleo y derrotar la informalidad, problemas que nunca han estado en la agenda de la cartera de Trabajo y del mismo Gobierno.

A poco más de un año de terminar el mandato, el actual Presidente ha sido inferior a las expectativas de solución de problemas crónicos, pero ha sido proporcional en no dejar marcarse en su obligación de dar resultados. Convocar a un paro de 48 horas para protestar en contra de la institución que debe analizar y discutir las necesarias reformas a la salud y al sistema laboral, es una de las muestras más grandes de incompetencia.

La habilidad del Gobierno Nacional de tirarle la pelota al otro de los tres poderes, como es el legislativo, en su rol de discutir las reformas, es de premio mundial, más aún, hacerle creer a los electores que las reformas no se dan por la oposición y no por incapacidad de hacer política, de llegar a conciliaciones y avanzar en la construcción de una sociedad democrática alejada de los visos dictatoriales.

La sociedad colombiana está ante una situación inédita, no solo porque el Gobierno Nacional convoca un paro que le hace daño a todos los sectores y destruye la economía que él mismo debería hacer crecer, sino porque una buena parte de altos exfuncionarios, varios ministros entre ellos, se han metido a la carrera presidencial sin mostrar abiertamente ideas de continuismo, y procurando desmarcarse de su antiguo empleador público.

Son muchas incoherencias y descaros encadenados los que se están viendo en este momento en la política colombiana, lo que vaticina un resto de año de gran pugnacidad electoral. Más de 70 aspirantes al máximo cargo nacional señalan una atomización de ideas, gran debilidad de los partidos, y lo que no es menor, un apetito burocrático desmedido por cargos y contratos sin ideas políticas que procuren mejorar el destino del país.

Según las cuentas de los centros de investigación y algunos gremios económicos, un día laboral le vale a la economía colombiana poco más de US$1.000 millones, unos $4,2 billones, monto que debe circular a través de la producción de bienes y servicios; al frenar esa actividad y afectar a unos sectores muy definidos con un paro, las pérdidas pueden oscilar entre $150.000 millones y $300.000 millones, un monto que no regresa. Es literalmente dinero quemado por prevalecer las protestas contra problemas que el mismo Gobierno debería solucionar.