La grandeza de dar un paso al costado

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol el 11 de abril de 2023, acaba de cumplir dos años al frente de la compañía más importante de Colombia. Para esa época, los ingresos de la empresa insignia del país eran $34,30 billones y las utilidades de $4,1 billones, ahora los resultados, al primer trimestre de 2025, son menores, unos ingresos de $31,36 billones y unas utilidades de $3,12 billones, la variación en los ingresos son negativos en 8,57% y las utilidades están en zona roja de 23,9%.

Y es una empresa que no es 100% pública, cotiza en el mercado secundario en donde es considerada por la Superintendencia Financiera como la acción con la mayor bursatilidad. El volumen de negociación supera los $29.000 millones diarios.

Hace unos días se conoció la nueva composición del Colcap, que regirá desde el 2 de junio, y Ecopetrol baja en su ponderación, cae de 10,56% a 9,07%, al cuarto puesto ya que el papel valor no se ha valorizado en el último trimestre, al mismo ritmo que la Bolsa de Valores de Colombia en general, por lo que se ha rezagado en el precio. Desde el 30 de abril de 2023 (entrada de Roa) a la fecha, el ADR ha caído 9%, es decir, su desempeño en el mercado de Nueva York; la acción en la BVC ha caído 14%, cuando empezó Roa estaba en más de $2.000 y va por $1.770.

La importancia de Ecopetrol en la economía es enorme, es el mayor exportador, con US$2.332 millones de ventas externas en el primer trimestre según Analdex-Dian, esto es 19,6% de participación; es el mayor contribuyente, pues sumados impuestos, regalías y hasta dividendos puede aportar más de $40 billones (cifras a 2024), produce 745.000 barriles diarios de crudo, 158.000 barriles diarios de gas, tiene 9.600 empleados directos, invierte en la economía US$1.200 millones, cifras con las que bien se puede afirmar que es casi 2% de la economía en términos de aporte al PIB.

Pero los rollos legales de su actual Presidente están poniendo en aprietos la literal ‘gallina de los huevos de oro’. Destacan asuntos como la investigación por financiación ilegal, pues Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022; que el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación le abrieran investigaciones por presuntas irregularidades; también enfrenta investigación judicial por presunto direccionamiento de contratos, será investigado por la Fiscalía 21 por una supuesta participación para favorecer a la empresa aérea Helistar, en Nueva York; accionistas de Ecopetrol han considerado demandas contra la empresa por la caída en el valor de sus ADR tras anuncios sobre la venta de sus operaciones de fracking en la cuenca del Permian.

Además, el año pasado el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla denunció a Roa por presunta intervención indebida en contratos con la empresa estatal Central Hidroeléctrica Urrá; y en diciembre de 2022, Roa compró un inmueble en Bogotá por $1.800 millones a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, transacción que involucró al empresario petrolero, Serafino Iácono, históricamente vinculado al sector de hidrocarburos.

Son muchas cosas pendientes que deben obligar al Ejecutivo, al Ministerio de Minas y a la misma Junta Directiva de la empresa a tomar cartas en el asunto, antes de que la situación de Ecopetrol se siga deteriorando por los asuntos pendientes de su actual cabeza. La miembro de Junta, Mónica de Greiff, ya dio un paso al costado, como lo hicieron otros puestos en la Junta, hace unos meses, quizá sea el momento para que se piense en el grave deterioro de los números de la empresa.